Nota de prensa

COMUNICADO
1. El Consejo de Defensa Jurídica del Estado es un órgano colegiado encargado de dirigir y supervisar la defensa jurídica de los intereses del Estado, defensa que se encuentra a cargo de los Procuradores Públicos, y cuya presidencia recae en el Ministro de Justicia y Derechos Humanos o quién lo represente. La abogada Julia Príncipe, fue designada por la Ministra Perez Tello como su representante; a la fecha, se ha dado término al referido encargo.

2. Como se ha informado, la Ministra de Justicia comunicó personalmente a la abogada
Príncipe que había perdido la confianza en la abogada Katherine Ampuero y le solicitó
su destitución debido a que su actuación como procuradora ad hoc afectaba el cumplimiento del Decreto de Urgencia No. 003-2017, el cual tiene como fin asegurar el
pago efectivo de la reparación civil que corresponde al Estado, evitar el rompimiento
de la cadena de pagos y la continuidad del servicio, en el caso de proyectos en los que
hubiesen participado empresas sancionadas por actos de corrupción o que hayan
admitido actos de corrupción. Cabe precisar que este Decreto fue emitido por el Poder
Ejecutivo y su constitucionalidad ha sido ratificada por el Congreso de la República.

3. El trabajo de los procuradores es definir la estrategia de defensa de los intereses del
Estado y fijar la reparación civil en el marco de la ley, sin embargo -la actuación
procesal de la procuradora ad hoc, consistente en interponer una medida cautelar
para detener la venta de acciones del Grupo Odebrecht en el proyecto Olmos,
constituye una grave acción que perjudica el propósito del referido Decreto: evitar la
paralización de los proyectos de infraestructura y la provisión de servicios públicos, e
impedir la ruptura de la cadena de pagos, protegiendo así a trabajadores, proveedores
y acreedores en general, así como cautelar el pago de la reparación civil a favor del
Estado peruano. La venta ya había sido aprobada por el Gobierno Regional de
Lambayeque.

4. La medida solicitada por la abogada Ampuero, que es contraria a los fines del Decreto
de Urgencia, obliga al Estado a mantener a Odebrecht un año más en el proyecto,
poniendo en peligro 18,000 puestos de trabajo directos e indirectos y la posibilidad de
recuperar dinero para la reparación civil a favor del Estado peruano. Al hacerlo, la
señora Ampuero ha actuado en contra de una norma con rango de ley y ha
perjudicado los intereses del Estado peruano y de los trabajadores y proveedores del
proyecto Olmos.

5. La Ministra Pérez Tello, como titular del ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, tomó esa decisión por los motivos señalados, informando posteriormente al
Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ratifica en su apuesta por la lucha contra la corrupción, para ello adoptará todas las medidas que sean necesarias, para alcanzar este fin.

Lima, 20 de julio 2017

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/07/COMUNICADO-MINJUSdh.pdf

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