ENTREGAN TERRENO A MINISTERIO PÚBLICO PARA CONSTRUIR SEDE DISTRITAL EN JLO
En una sencilla ceremonia, el Gobierno Regional de Lambayeque adjudicó al Ministerio Público un terreno de 494.68 metros cuadrados, bajo la modalidad de afectación en uso, para que la entidad defensora de la legalidad construya su sede distrital en José Leonardo Ortiz.
Fue la presidenta Nery Saldarriaga de Kroll quien entregó oficialmente a la titular de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre, el documento que permitirá iniciar la ejecución de esta obra.
El acto tuvo lugar al mediodía en el mismo predio, ubicado en el Parque Nº 04, de la UPIS Atusparias del distrito leonardino, al que también asistieron el jefe de Asesoría Jurídica del gobierno regional, Marty Llontop Samillán; el subgerente de Adjudicación y Administración de Terrenos, Jorge León Lázaro, además de representantes del Ministerio Público.
Saldarriaga dijo que con la afectación en uso de este terreno, el Gobierno Regional de Lambayeque contribuye a consolidar uno de sus deberes primordiales como es garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, acciones que son competencia del Ministerio Público.
Por su parte, Miranda Vidaurre tras destacar el apoyo del gobierno regional, anunció que en este terreno se edificará una infraestructura de tres niveles debidamente equipada, con una inversión de 3 millones 605 mil 422 nuevos soles, cuya ejecución debe empezar en febrero del próximo año.
La afectación en uso tiene un plazo indefinido y ha sido debidamente inscrita en la Partida Nº P10152999, Asiento 0003, del Registro de Predios de la Oficina de Registros Públicos de Chiclayo.
Es necesario indicar que desde el 2006, el Gobierno Regional de Lambayeque es competente para incorporar, administrar y transferir los terrenos urbanos y eriazos del Estado, de conformidad con la Resolución Ministerial Nº 429-2006-EF/10, publicada en el diario oficial El Peruano, el 26 de julio del 2006.
Por tanto, es obligación de esta entidad pública, garantizar que los predios del Estado tengan la máxima rentabilidad económica y social.
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