Nota de prensa

La presidenta regional Nery Saldarriaga de Kroll, sostuvo hoy una reunión con el titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Ricardo Ponte Durango, a quien expresó su desacuerdo con la sentencia del juez César Burga Díaz, del Sétimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, a través de la cual se ordena el embargo de seis cuentas del Gobierno Regional de Lambayeque, en favor de la Asociación de Pensionistas del ex CTAR. Esto a pesar de que esta entidad estatal, viene atendiendo los pagos mensuales a sus pensionistas, desde el mes de diciembre del 2004, en cumplimiento a la sentencia judicial, en calidad de cosa juzgada.

La gobernante lambayecana dijo que “hemos conversado con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor Ricardo Ponte Durango, para que exhorte a sus jueces, a resolver los casos con justicia y ponderación, puesto que en su calidad de representante del Poder Judicial en esta zona del país, tiene la responsabilidad de hacer este llamado”. Negó en todo momento que su presencia en el Palacio de Justicia, sea para presionar políticamente, ni realizar interferencia alguna.

Saldarriaga acudió esta mañana acompañada del gerente general, Marco Cardoso Montoya; del asesor jurídico, Marty Llontop Samillán; y del Procurador Público Regional, Feliciano Vásquez Molocho, y dialogó con Ponte Durango por espacio de una hora.

Explicó que el Gobierno Regional de Lambayeque es respetuoso del Estado de derecho, pero está imposibilitado de incumplir con esta sentencia que es prevaricadora. Explicó que el juez que ha llevado la causa, no ha considerado siquiera que las cuentas del Estado son inembargables.

Asimismo, es inadmisible ordenar la nivelación con incentivos a los cesantes y jubilados como si fueran empleados activos. Incluso, ha aplicado la sentencia, a pesar que existe un recurso de apelación que ha presentado la Procuraduría Pública Regional contra este fallo, que está pendiente de resolver. “Nosotros respetamos los derechos de los trabajadores y que tengan un salario digno, pero es imposible cumplir con esta sentencia porque para nosotros es inejecutable”, señaló.

Aclaró también que este proceso fue heredado de gestiones anteriores y desde que la actual administración regional, asumió la gestión en el 2003, ha venido pidiendo al Ministerio de Economía y Finanzas para que asigne las partidas presupuestales que permitan cumplir con esta obligación, las mismas que aún no han sido atendidas. Sin embargo, haciendo uso de transferencias internas se viene pagando sumas porcentuales a los pensionistas, en demostración de acatamiento.

Como se sabe, el juez César Burga Díaz ordenó el embargo por un monto total de 14 millones 518 mil 992, distribuidas en cuotas mensuales de 241 mil 983, por un periodo de cinco años, habiéndose retenido dos cuotas.

La situación es preocupante puesto que parte de los recursos embargados, pertenecen a los pagos que las municipalidades y empresas constructoras hacen por la adquisición del asfalto en caliente, depositando los importes en la cuenta embargada de recursos directamente recaudados del Gobierno Regional Lambayeque.

Esto significa también que las Plantas Chancadora y de Asfalto, ubicadas en el sector la Pluma de Batangrande, dejarán de funcionar, convirtiéndose en una capacidad instalada ociosa. En tanto sus trabajadores podrían perder su fuente de trabajo, en razón que ya no se contará con los recursos, para la compra de los insumos como cemento asfáltico y petróleo.

Tal como se ha informado, algunas obras corren el riesgo de no ser ejecutadas así como el pago de remuneraciones y prestaciones de servicios, de las direcciones regionales de Trabajo, Energía y Minas, Turismo, Producción, Vivienda, Archivo Regional y Mercados del Pueblo.

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