Nota de prensa

Las obras programadas para el año 2009, referidas a pavimentaciones de avenidas y calles, así como del asfaltado de las carreteras, que unen el medio rural con las ciudades de nuestra región, se encuentran en peligro de no ser ejecutadas.

Esto debido al embargo de seis cuentas del Banco de la Nación, pertenecientes al Gobierno Regional de Lambayeque, medida ordenada por el juez César Burga Díaz, del Sétimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, en favor de la Asociación de Pensionistas del ex CTAR Lambayeque.

La preocupación fue expresada, en conferencia de prensa, por la presidenta regional, Nery Saldarriaga de Kroll, quien estuvo acompañada por el gerente general, Marco Cardoso Montoya; el gerente de Presupuesto y Planificación, Josué Portocarrero Rodríguez; el asesor jurídico, Marty Llontop Samillán; y por el Procurador Público Regional, Feliciano Vásquez Molocho.

La gobernante lambayecana dijo que el indicado magistrado no sólo ha ordenado el pago de devengados de los cesantes y jubilados, sino los incentivos como si los pensionistas fueran trabajadores en situación de activos.

Esto a pesar de que el Gobierno Regional Lambayeque viene atendiendo los pagos mensuales a sus pensionistas, desde el mes de diciembre del 2004, en cumplimiento a la sentencia judicial en calidad de cosa juzgada.

Por su parte, el Procurador Vásquez Molocho precisó que la orden del juez Burga, se ha dado contraviniendo dispositivos legales para el pago de sentencias judiciales.

Agregó que para cumplir con la sentencia se debe contar con la aprobación presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, toda vez que incide en el pago de remuneraciones y pensiones, conforme el artículo 5º del Decreto Legislativo 276, Ley de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.

“Tampoco ha tenido en cuenta que los recursos públicos tienen la condición de inembargables, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto de urgencia 019-2001”, precisó Vásquez tras recordar que la orden de embargo es por un monto total de 14 millones 518 mil 992, distribuidas en cuotas mensuales de 241 mil 983, por un periodo de cinco años. “Hasta el momento ya se han cumplido con el pago de dos cuotas”, informó.

En ese sentido, dijo que su despacho ha procedido a interponer recurso de queja contra el juez César Eduardo Burga Díaz, del Sétimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, y contra el juez suplente del mismo juzgado, Yván Pérez Solf.

En tanto el asesor legal, Marty Llontop, dijo que desde todo punto de vista el juez Burga ha cometido prevaricato, pues las normas, respecto a las remuneraciones del sector público, son bastante claras: los trabajadores activos reciben sus remuneraciones más sus incentivos, a diferencia de los pensionistas que sólo pueden cobrar sus remuneraciones. “El incentivo es una bonificación que corresponde otorgar sólo a quien está en actividad”, precisó.

Según se dio a conocer, parte de los recursos embargados, pertenecen a los pagos que las municipalidades y empresas constructoras hacen por la adquisición del asfalto en caliente, depositando los importes en la cuenta embargada de recursos directamente recaudados del Gobierno Regional Lambayeque.

Como consecuencia lógica, el equipamiento del Gobierno Regional Lambayeque, con las Plantas Chancadora y de Asfalto, ubicadas en el sector la Pluma de Batangrande, dejarán de funcionar, convirtiéndose en una capacidad instalada ociosa, y sus trabajadores perderán su fuente de trabajo, en razón que ya no se contará con los recursos, para la compra de los insumos como cemento asfáltico y petróleo, básicamente.

En el presente año, las obras que no podrán culminarse por esta acción judicial son: La avenida Chinchaysuyo del distrito de La Victoria, las vías Picsi- Capote y Cruce Puente El Pavo- Los Positos-Granja Sasape, que en su asfaltado demandan, aproximadamente, 12 mil metros cúbicos de asfalto, en los próximos tres meses.

Asimismo, se verán afectadas todas las obras de infraestructura vial, priorizadas para su ejecución con los recursos de los bonos soberanos, como son: avenida Chiclayo(6 kilómetros); Prolongación de la avenida Grau hasta Monsefú(10 kilómetros); carretera Pomalca-Saltur-Pampagrande(16 kilómetros); carretera Pítipo- Sime (4.5 kilómetros); y carretera Motupe-Sapote (6 kilómetros).

También, el embargo se ha apropiado de recursos para el pago de remuneraciones y prestaciones de servicios, de las direcciones regionales de Trabajo, Energía y Minas, Turismo, Producción, Vivienda, Archivo Regional y Mercados del Pueblo, limitando su funcionamiento.

(DIVISIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL)

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