DENUNCIAN TRÁFICO DE TIERRAS EN COMUNIDADES DE OLMOS
Una mafia organizada de traficantes estaría detrás de la inscripción irregular de terrenos eriazos, ubicados entre los distritos de Mórrope y Olmos, de propiedad de las comunidades campesinas, denunció el vicepresidente regional, Lic. Juan Pablo Horna Santa Cruz, quien mostró evidencias de la apropiación ilegal de las tierras por parte de terceras personas.
Acompañado del jefe de la División de Administración de Terrenos y Patrimonio Fiscal del Gobierno Regional, Jorge León Lázaro, el vicepresidente manifestó que existen intereses para apropiarse de terrenos del área denominada Sector III, que está en controversia entre las comunidades campesinas de Santo Domingo de Olmos, San Pedro de Mórrope, San Martín de Sechura y el Estado Peruano.
Detalló que en el propósito de evitar que se atente contra la propiedad comunal el Gobierno Regional inició un proceso de inscripción a nombre del Estado de los terrenos de la zona de controversia, en una extensión de 193 mil hectáreas, ante la Zona Registral II de Chiclayo, hasta que las comunidades campesinas se pongan de acuerdo y suscriban las actas de colindancia.
Sin embargo, cuando la entidad regional dispone la inscripción en primera de dominio a nombre del Estado de las 193 mil hectáreas, se constató que ya existían 20 títulos o solicitudes de inscripción de propiedad de 8 mil 411 hectáreas a favor de terceras personas.
Por si fuera poco, se verifica que hay otros 47 títulos en trámite prioritarios anteriores, también presentados por terceros, que buscan apropiarse de otras 40 mil hectáreas, las cuales serían inscritas a través de irregulares escrituras o procesos judiciales fraudulentos.
Cómo acreditan la propiedad y logran inscribirlas en Registros Públicos cuando de acuerdo a la Ley 24657 Ley que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y titulación del territorio de las Comunidades Campesinas se establece que las áreas en controversia, es decir aquellas pendientes de titulación por no existir acuerdo entre las comunidades y el Estado, no pueden ser tituladas por ningún tercero, interrogó Horna.
Además, reveló que los traficantes argumentan, para conseguir la inscripción, que son terrenos agrícolas que han adquirido en posesión, cuando en realidad son eriazos.
Nos preocupa que las solicitudes de terceros sean rechazados en la Sunarp de Chiclayo, y cuando apelan sean aprobadas por el Tribunal Registral de Trujillo. No descartamos que exista una confabulación de malos trabajadores para consumar estas inscripciones ilegales, manifestó.
*MODALIDAD
Por su parte, el jefe de la División de Administración de Terrenos y Patrimonio Fiscal del Gobierno Regional, Jorge León precisó que el trámite lo inician presentando una escritura pública de compra venta del bien inmueble de sembrío entre un supuesto posesionario y una tercera persona, cuando en realidad es un terreno eriazo.
Ellos (traficantes) identifican áreas no tituladas, de manera irregular acreditan que son posesionarios, y luego realizan ventas fantasmas a terceras personas, quienes ya proceden a inscribir su propiedad en Registros Públicos, detalló.
Lo curioso es que un falso posesionario vendió la hectárea de un terreno agrícola a 0,08 céntimos, lo cual dejaría en claro que sólo son transacciones ficticias.
Nosotros hemos efectuado inspecciones y no hay ningún posesionario, son terrenos eriazos, no de sembríos. Entonces cómo los jueces de paz o notarios dan fe a una venta irregular, indicó.
De igual forma, el funcionario mencionó que el objetivo final es revender los terrenos a un costo mayor o hipotecar dichas propiedades ante la banca financiera, como ya ha ocurrido en algunos casos.
Agregó que el Gobierno Regional y las comunidades campesinas están facultadas para iniciar un proceso de impugnación de las inscripciones ya consumadas y aquellas que están en trámite, al margen de las denuncias penales respectivas.
*DATO
El vicepresidente Juan Pablo Horna informó que se remitió al Consejo Regional el pedido de modificación del Acuerdo Regional N° 021-2012-GR.LAMB/CR del 10 de abril del 2012, que establece la conformación de una comisión regional multisectorial que se avoque a la solución de la controversia territorial existente en el Sector III: Zona de Controversia, coadyuvando a la conciliación entre las partes para lograr la suscripción de las correspondientes áreas de colindancia.
Indicó que se solicita incluir un tercer artículo donde el Gobierno Regional asume el compromiso de transferir los terrenos del área de controversia a las comunidades cuando concluya el proceso de inscripción a nombre del Estado, y cuando las comunidades se pongan de acuerdo en la colindancia.
No existe ninguna confiscación de las tierras por parte del Gobierno Regional, hemos intervenido para frenar estas inscripciones irregulares a nombre de terceras personas, que pretenden traficar con las tierras de las comunidades, aclaró.
(OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL)
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